Tumaco, un limbo entre la legalidad y la coca

estuvimos en la ‘perla del Pacífico’ para conocer los esfuerzos en la protección de la comunidad y hacer frente a las economías ilícitas

El principal combustible para los fenómenos de violencia que se presentan en Tumaco, Nariño, tiene nombre propio y se llama narcotráfico. La radiografía de esta zona es crítica pues según la ONU es uno de los siete enclaves en los que se concentra el 36% de la coca del país, a esto se suma la presencia de grupos armados que históricamente buscan quedarse a sangre y fuego con las zonas más productivas.

Desde la desmovilización de las Farc, Tumaco ha sido víctima de constantes tensiones armadas producto, en gran medida, de la disputa de grupos al margen de la ley, esto se evidencia en los constantes enfrentamientos entre el autodenominado Frente Óliver Sinisterra y Los Contadores, que en las últimas horas han dejado al menos tres muertos y dos heridos.

El resguardo Inda Sabaleta Awá, situado en el área rural de Tumaco, ha sido uno de los escenarios de enfrentamiento de grupos armados, e incluso el Gobierno ha mostrado su preocupación por el aumento de hectáreas sembradas durante los últimos meses.

“Hay un problema serio, porque estamos llenos de militares y de mucha fuerza pública pero no entendemos realmente cuál es la protección a la ciudadanía y en estos territorios. Hay un confinamiento por la pandemia y otro por orden de los grupos armados, en estos sectores operan principalmente las disidencias, que sin medir consecuencias atacan la vida de nuestras comunidades” asegura Francisco Cortés, líder del pueblo indígena AWA quien les reiteró a los consejeros Nancy Patricia Gutiérrez y Rafael Guarín que la solución no puede seguir siendo dar la orden de redoblar el pie de fuerza.

Según este líder social la comunidad está dispuesta a dialogar con el Gobierno para que se dé una sustitución de cultivos ilícitos de forma acertada, y se inviertan recursos en educación y cultura.

“Nosotros no vamos en contra de la misión constitucional que tiene el ejército y la policía, nosotros entendemos y la constitución está para cumplirse; lo que manifestamos es que no lleguen a las escuelas y a las comunidades, sino que, si lleguen a otros sitios, que no generen un enfrentamiento en nuestras comunidades” afirmó.

Y es que, durante el último encuentro con las autoridades nacionales y departamentales, Francisco solicitó al Gobierno que garantice la educación a cientos de niños que no tienen oportunidades escolares y se pueden ver tentados por la economía ilegal.

“Aquí el Gobierno tiene que hacer una intervención social y estructural donde se traten los temas de salud, vivienda y agua potable, nosotros no tenemos servicios, tomamos agua de las goteras. Pero ellos entonces ofrecen fumigación, nosotros estamos de acuerdo que se dé la sustitución graduada y concertada con nuestras comunidades”.

La comunidad Awa dice estar entre la espada y la pared, pues ante la falta de vías y oportunidades la siembra de coca es la única oportunidad que tienen para trabajar, incluso Fundepaz aseguró que el resguardo de India Zabaleta tiene la mayor concentración de cultivos en la zona con cerca de 1.300 hectáreas

La preocupación del Gobierno es que estas hectáreas sigan duplicándose y no cese la guerra entre las estructuras, por eso el consejero de seguridad nacional ha hecho un llamado a que se permita la erradicación en los resguardos.

“Observamos con mucha preocupación que en el resguardo India Zabaleta se están extendiendo las hectáreas de coca, los resguardos en Colombia no pueden constituirse en santuarios del narcotráfico y la cocaína. Hay que abrir un debate nacional porque no podemos seguir impidiendo que se haga erradicación manual en esas áreas de resguardo que hoy son santuario de la coca” dijo Guarín.

El compromiso del Gobierno es llegar a los municipios más afectados por las economías ilícitas con inversión social, con fortalecimiento institucional, con medidas reforzadas de protección a la población y con impulso a las iniciativas identificadas en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET),

La consejera de Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez señaló que “además de seguridad, llegamos a los municipios más afectados por las economías ilícitas con inversión social, con fortalecimiento institucional, con medidas reforzadas de protección a la población y con impulso a las iniciativas identificadas en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial”.

El gobierno se comprometió a llegar a los territorios con la promoción de una nueva cultura de respeto por los derechos humanos con enfoques diferenciales y el acceso a una justicia efectiva para los familiares de las víctimas de estos hechos violentos.

Fuente: Caracol Radio

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